En los primeros días de noviembre, el gobierno federal amplió las facultades de ICE, endureció los requisitos de salud para obtener visas, propuso una nueva norma para exigir datos biométricos a toda persona involucrada en trámites migratorios a partir de 2026, y avanzó en la instalación de nuevas bases de operaciones en varios estados. Estas medidas refuerzan el enfoque de control y vigilancia migratoria de la administración. Al mismo tiempo, ciudades como Nueva York se preparan ante un posible aumento de redadas y deportaciones masivas, mientras casos recientes en Chicago evidencian el temor creciente en comunidades migrantes y grupos locales advierten sobre el impacto en familias trabajadoras.
